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Imagen: Markus Distelrath / Pixabay

El tsunami regulatorio ligado a los riesgos de sostenibilidad facilitará la financiación y el aseguramiento de los sectores “verdes”

Que los riesgos de sostenibilidad y, en particular, los vinculados al cambio climático van a formar parte del nuevo marco regulatorio y supervisor de la actividad aseguradora es ya un hecho irreversible. El documento consultivo que la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) publicó hace tres meses ilustra la complejidad y ambición con la que se quiere abordar una transformación normativa que pretende acompañar la que sin duda se producirá como consecuencia de los grandes cambios en la producción y el consumo de energía que orienta el amplio consenso político internacional para alcanzar un mundo más sostenible. Consenso reforzado recientemente con la reincorporación de EE UU al Acuerdo de París.

Esa transformación normativa y la cada vez mayor sensibilidad de los consumidores en los aspectos medioambientales van a implicar grandes retos desde el punto de vista de suscripción de riesgos, propia del sector, y también en su papel de inversor institucional. En relación con la suscripción de riesgos, las aseguradoras han tenido históricamente un papel relevante en la cobertura de los de naturaleza climática. En el caso español, las indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros en las inundaciones de Bilbao en 1982 o la tormenta Klaus en 2009 son ilustrativas. En los próximos años, el reto para el sector será dar cobertura de seguro a la nueva economía que surgirá a raíz del “EU Green Deal”, así como incluir coberturas medioambientales en la cartera de productos tradicionales, respondiendo a la creciente sensibilización de los consumidores.

Desde la otra perspectiva, la inversora, el sector de seguros y planes de pensiones en España gestiona más de 400.000 millones de euros. Normativamente deberá comenzar a medir, controlar y gestionar los riesgos de sostenibilidad asociados, no sólo los medioambientales, sino también los sociales y de gobernanza. Este reto de integración provocará la creación y actualización de políticas de exclusión para determinados sectores, así como el establecimiento de umbrales asociados a las calificaciones de sostenibilidad de la cartera de inversión. Indudablemente supondrá la reducción del peso en la cartera de determinados emisores con bajo rating de sostenibilidad en favor de emisores más “verdes” y sostenibles.

Este tsunami regulatorio ligado a los riesgos de sostenibilidad, que entrará en vigor en los dos próximos años, va a ser sin duda un facilitador de la financiación y el aseguramiento de los sectores “verdes”. En los sectores “marrones”, por el contrario, al incremento del coste de financiación por la reducción de los flujos de inversión se sumará, y podría tener un impacto incluso más severo, la restricción en el aseguramiento que sufrirán en los próximos años.

Daniel Manzano y Alfredo Yagüe son socio y consultor de Afi y profesores de Afi Escuela de Finanzas.

Fuente : El País