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Puerto Rico: Decisiva las aseguradoras en acuerdo de la AEE

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Con 70 grupos de acreedores con deuda no garantizada en el lado del acuerdo preliminar en apoyo a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el trabajo fuerte en la negociación prosigue ahora con las aseguradoras de deuda y los acreedores asegurados, que representan la parte más compleja, y algunos ya han advertido de su inconformidad.

Para que el acuerdo prospere, se necesitan dos terceras partes del total de acreedores de la AEE, pero hasta ahora solo se han unido alrededor del 40% de estos. El trabajo del acuerdo lo lidera la directora ejecutiva de la Junta Federal de Control Fiscal, Natalie Jaresko, junto a una de sus firmas legales, con la colaboración de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), y la AEE.

El acuerdo, que según analistas consultados por EL VOCERO, e incluso exfuncionarios de la pasada administración, es uno favorable para el gobierno, necesita ser validado por la jueza Laura Taylor Swain una vez se consiga la mayoría requerida.

De acuerdo con fuentes financieras, ahora “el trabajo duro” será convencer a las aseguradoras para que acepten el nivel de recorte, el cual deja en manos de los acreedores el 67.5 del valor de sus bonos, en un intercambio por bonos de titulización con una maduración a 40 años, a un rendimiento de 5.25%. A ello se añade que de haber un excedente de efectivo luego que la AEE cubra sus gastos y obligaciones, se le suman unos 10 centavos de dólar por bonos a 45 años, a un interés de entre 7% a 8%.

Con el acuerdo no están muy convencidas las aseguradoras, ya que el recorte que se le haga al principal de deuda, es dinero que estas deben pagar a los acreedores asegurados. Un poco más de una tercera parte de la deuda de casi $7,646 millones de la AEE, o $2,000 millones, es la que está garantizada por las compañías Assured Guarantee, National Public Finance Guarantee y Syncora Guarantee.

Aseguradora cuestiona el acuerdo

Para Assured Guarantee, el acuerdo preliminar no ha estado en la línea de lo que entienden promulga la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa). “La recuperación económica de Puerto Rico solo puede tener éxito con acuerdos consensuados que respetan el estado de derecho, hacen posible el acceso futuro a los mercados de capitales y aseguran un futuro económico sostenible para el pueblo de Puerto Rico”, señaló Assured Guarantee, en declaraciones escritas.

“Si bien seguimos dispuestos y listos para negociar acuerdos que logren estos objetivos y esperamos una participación constructiva en torno a la reestructuración de la deuda, nos oponemos al desarrollo de planes fiscales que no hagan suposiciones razonables sobre la capacidad del emisor para cumplir sus obligaciones, y no hagan respetar los gravámenes y las prioridades de pago de la deuda constitucional establecidas bajo la ley de Puerto Rico, como lo requiere Promesa”, añadió la aseguradora. Agregó que la junta fiscal ha impedido con sus acciones la modernización y revitalización de la AEE, y “continúan gastando cientos de millones de dólares en litigios y gastos relacionados que, de acuerdo con el último plan fiscal del Commonwealth, se estiman en un total de $1.5 mil millones durante los próximos seis años”. También plantearon que ejercerán enérgicamente sus derechos de propiedad como acreedor garantizado, “mientras continuamos buscando el compromiso con las partes del gobierno para resolver de forma consensuada estos asuntos”.

El presidente de la junta fiscal, José Carrión, ha dicho que están esperanzados de que los términos y concesiones financieras acordadas con los bonistas que apoyan el acuerdo “puede llevarnos a una transacción consensual razonable que ajusta el nivel máximo de recuperación de deuda al éxito de la utilidad”.

Aafaf se reitera en el beneficio de lo acordado

Por su parte, Christian Sobrino, quien ayer fue nombrado como nuevo director ejecutivo de la Aafaf, dijo a preguntas de EL VOCERO, que en efecto la negociación con las aseguradoras “va a requerir mucha colaboración”. Dijo que es un proceso de mucha negociación para lograr completar el por ciento necesario de los acreedores para que el tribunal valide el acuerdo. Su proyección es que para el año entrante el acuerdo se ponga en vigor.

Sobrino entiende que el acuerdo es favorable para todos, y para la AEE, porque tiene un recorte de deuda mayor y una estructura para el repago, que está amparada en un llamado cargo de transición escalonado hasta 4.348 centavos por kilovatio hora, que da certeza de cumplimiento y también ayuda en la fase de privatización.

a estructura de repago se fundamenta en un cargo que se utilizará completo para ese propósito, y es similar a lo que se hizo con el recaudo del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para pagar los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

En cuanto a los señalamientos de nuevas alzas en las tarifas de los abonados de la AEE, a través de ese cargo de transición, Sobrino reconoció que “siempre va a haber un tipo de cargo, porque la totalidad de lo que está cobrando la AEE (en sus tarifas) es para sus gastos operacionales. Si se va a cobrar algo, se puede nivelar con las iniciativas de ahorro y eficiencias que se van a alcanzar en la corporación”.

Mientras tanto, las gestiones para la privatización de la AEE continúan a la par, con el diseño de lo que serán las transacciones y el debido proceso (due diligence). “La privatización continúa viento en popa”, indicó el funcionario, y recordó que es la Autoridad para las Alianzas Público Privadas la encargada de esta parte.

Conocido el acuerdo preliminar, el comportamiento del mercado inversor fue hacia un aumento en el valor de reventa de los bonos de la AEE, según se constató en el Electronic Municipal Market Access System (EMMA). El lunes, al cierre del mercado hubo bonos de la AEE por 40 centavos de dólar, y al cierre de ayer, algunos se llegaron a colocar por encima de los 60 centavos de dólar.
Fuente: El Vocero

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